Sevilla, 21 y 22 de junio de 2001
La séptima edición de las Jornadas tuvo lugar en Sevilla y en ellas fueron aprobadas las siguientes conclusiones:
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Constatamos que en el Anteproyecto de Ley de Universidades, actualmente en debate, no se menciona el Patrimonio Documental de las Universidades. A tal efecto, solicitamos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y al Consejo de Universidades tengan a bien considerar su inclusión para su correcta gestión y conservación.
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Reiteramos la necesidad de que todas las Universidades cuenten con Servicio de Archivo, desarrollando un modelo de gestión global de la documentación administrativa, académica y de investigación.
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Consideramos todavía importante insistir en que el Archivo Universitario debería desempeñar una misión transversal y horizontal con incidencia en todos los documentos y archivos de la institución, razón por la cual debe asegurarse una adscripción, y un rango administrativo adecuado, con dependencia principalmente del Secretario General, como órgano de gobierno competente en la materia.
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Solicitamos que el archivero ocupe una posición clara dentro de la Universidad, con la categoría y el nivel profesional que le corresponde para desarrollar adecuadamente las funciones que tiene encomendadas.
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Nos comprometemos a estudiar e incorporar sin reservas las oportunidades que nos ofrecen las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aunque manifestamos nuestra preocupación por los problemas derivados de la obsolescencia de los programas, la conservación de los documentos electrónicos y la recuperación de la información electrónica, que hace prever un futuro incierto para la conservación del patrimonio documental de estos últimos años.
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Reclamamos la necesaria participación de los archivos en los distintos grupos y comisiones de las Universidades que analizan la implantación de los programas relacionados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Exponemos que, para alcanzar el nivel de calidad y eficiencia pertinente, es preciso que las Universidades se doten de un sistema de gestión integral de documentos y archivos, cuya finalidad es rentabilizar al máximo los recursos documentales.
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Recabamos nuevamente la atención de las Administraciones Públicas con competencias en la valoración y expurgo documental para que las desarrollen y constituyan las Comisiones Calificadoras, al objeto de que sancionen las Propuestas de Valoración que se presenten por parte de las Universidades.
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Manifestamos la adhesión de la Conferencia de Archiveros de las Universidades a la Coordinadora de Asociaciones Profesionales de Archiveros, como cauce de colaboración entre los profesionales que la integran.